El caso completo en pocos minutos. Todo lo que sigue en esta página lo respalda con documentos.
20 Años de Silencio Judicial
Cargando la página…Expediente 20 Años · La Paz, Bolivia
7.300 días de silencio judicial
Denuncia tu caso
Acción de libertad concedida
Se concedió una acción de libertad contra magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional por no responder a las solicitudes de priorización y adelanto de sorteo de las tres causas pendientes.
Plazo computado en días hábiles desde el lunes 28 de septiembre de 2026. Vence el viernes 9 de octubre de 2026.
Fundamento acreditado en la acción: ceguera legal, aneurisma grave y adulta mayor — triple protección por interseccionalidad.
En vivo
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En sus palabras
Soy Marianella Cerball, boliviana, madre de 3 hijos y abuela de 7 nietos. Desde muy joven trabajé incansablemente para tener una buena vida. A la edad de 36 años fundé mi propia empresa, la Agencia de Viajes y Turismo «Business Travel». Con mis ingresos, ahorros y un crédito de la Mutual La Paz construí mi propia casa en Achumani. Posteriormente, con la venta de esa casa, la venta de la casa de mi esposo en Holanda y un crédito, construimos la casa en San Alberto.
Nunca imaginé que esta casa iba a despertar la angurria del BCP. El año 2002 fui contactada por el entonces Gerente General del BCP —David Martín Saettone Watmough— para pedirme que le alquile mi casa, ofreciéndome, para convencerme, el pago de un año adelantado y comprar los créditos que tenía con otras entidades financieras, otorgándome una tasa de interés más baja.
Como se puede evidenciar, existió un despliegue de maniobras delincuenciales «camufladas» para convencerme de que les alquile mi casa; claro está, para tenerla a su alcance y poder quitármela a través del ilegal proceso ejecutivo que posteriormente iniciaron, tramitaron, y con el que lograron sentencia, remate, adjudicación y, ahora último, mandamiento de desapoderamiento a su favor.
Como comprenderán, a partir de esa ilegal demanda —sostenida en un poder falso y sin que exista mora de mi parte, confesado por el propio BCP ante la ASFI— mi vida se convirtió en una pesadilla insostenible, opresiva y perpetua.
Me vi forzada a cerrar y liquidar mi agencia de viajes «Business Travel», perdiendo intempestivamente mi única y principal fuente de sustento económico; viéndome asimismo privada absoluta y radicalmente de mi legítimo derecho constitucional a disponer, vender, arrendar o rentabilizar mi propiedad.
Por supuesto, esa situación generó daño a mi proyecto de vida. Durante estos 20 años, mi persona pasó de ser una mujer de 52 años, en el apogeo de mi vida empresarial, activa, próspera y saludable, a convertirme en una mujer de 72 años, inmersa en la tercera edad, acorralada financiera y psicológicamente por el terror constante, lacerante y humillante de ser desalojada de mi propia casa, arrojada a la calle y despojada de la dignidad de mi hogar, ilegalmente.
Además me generó un cuadro clínico y crónico de estrés postraumático continuado, insomnio resistente, síndrome de ansiedad generalizada y, lo que es biológicamente más grave, detonó y aceleró el desarrollo de enfermedades de base —severas patologías cardiovasculares, hipertensión arterial refractaria y una ceguera legal irreversible— que hoy amenazan directamente mi vida.
En consecuencia, el BCP y la justicia corrupta sometida a sus intereses no sólo aniquilaron mi cuenta bancaria y mi empresa, sino que destrozaron mi salud corporal y mi paz mental, destruyeron mi tranquilidad emocional y me arrebataron el derecho humano inalienable a vivir el otoño de mi vida en paz, dignidad y armonía.
En resumen, con esa conducta ilícita, dolosa y criminal, truncaron y pulverizaron de raíz mi proyecto existencial. Me llevaron, contra mi voluntad, a vivir y consumir estos 20 años atrapada en los oscuros pasillos de los juzgados, mendigando justicia, enfrentando embargos, consumiendo todos mis ahorros vitales en desproporcionados honorarios de abogados, y destrozando irreparablemente mi sistema nervioso central. Eso supera con creces un mero «daño moral» indemnizable: representa la aniquilación sistemática, implacable y continuada de mi proyecto existencial en la etapa de mayor fragilidad y vulnerabilidad biológica de un ser humano.
Marianella Cerball Vaca de Rowbottom
Lo que veinte años le costaron
Dos diagnósticos médicos documentan el estado de salud de Marianella Cerball. Se reproducen aquí únicamente los diagnósticos, sin datos clínicos personales.
Una hemorragia macular le hizo perder la visión. El informe del Instituto Nacional de Oftalmología, de mayo de 2026, concluye ceguera legal no corregible en ambos ojos.
Hoy declara sin poder ver los documentos de su propio juicio.
Condición cardiovascular con riesgo de ruptura, acreditada por certificado médico.
Es la razón por la que su familia teme un operativo policial en su domicilio.
Los certificados médicos completos no se publican, para proteger su información clínica. Están a disposición de autoridades y prensa que lo requieran.
David Martín Saetone, entonces gerente general del BCP, conoció la vivienda de Marianella porque estaba interesado en alquilarla y ofreció pagar un año por adelantado. Al saber que ella era empresaria y tenía créditos con otras entidades, le propuso trasladar esas deudas al BCP, con mejores condiciones, y poner su vivienda como garantía. Marianella aceptó, comenzó el alquiler y empezó a pagar las cuotas por débito automático de su cuenta.
En 2005 Saetone deja el cargo de gerente general y posteriormente abandona Bolivia. Para cuando el proceso avanza, Marianella no se encontraba en el país. En 2007 el BCP inicia un proceso ejecutivo por US$ 281.000, alegando «incumplimiento a lo pactado entre las partes» y utilizando el Poder N.º 539/2005, firmado por Saetone cuando ya había dejado el cargo. La demanda no precisa qué cuota estaba impaga, su fecha de vencimiento ni el monto en mora; la notificación llega al día siguiente de que ella pagara una cuota.
Relevancia jurídica: para iniciar un proceso ejecutivo, la obligación debe ser líquida, exigible y de plazo vencido. Determinar si existía una mora real y cuál era exactamente la deuda resulta central para la controversia.
Toca para ampliar · Demanda ejecutiva, 2007Ante la ASFI, el propio BCP confiesa un «error operativo»: había omitido del historial presentado en el proceso judicial pagos de Marianella por aproximadamente US$ 18.809,18. El banco se compromete a corregir el monto demandado ante el juez, pero el proceso continúa sin que esos pagos sean incorporados a la deuda ejecutada.
Por qué es central: Marianella sostiene que, si esos pagos hubieran sido correctamente imputados, la deuda y la situación de mora habrían cambiado —lo que cuestiona la existencia misma de la obligación exigible que sustentaba la ejecución.
En palabras de Marianella: «La demanda ejecutiva del BCP en mi contra (abril de 2007) reclama el pago de una supuesta deuda en mora por US$ 281.089,59. Sin embargo, posteriormente el propio BCP confesó ante la ASFI que nunca existió tal mora, porque lo que realmente había sucedido fue que no había aplicado a mi crédito los pagos de cinco cuotas realizadas entre junio y octubre de 2003, por un total de US$ 18.809,18, atribuyendo el hecho a un ‘error operativo’ que se comprometió a enmendar modificando el monto de la demanda ante el juez de la causa. Esto nunca ocurrió, ocasionando que no exista un monto real y válido del préstamo, por lo que el juez estaba obligado a anular el proceso al no proceder este por falta de suma líquida exigible y plazo vencido. Una vez anulado el proceso, el BCP reprogramaba el crédito y yo continuaba pagando mis cuotas como lo había hecho hasta un día antes de ser notificada con la ilegal demanda.»
Toca para ampliar · Historial corregido, BCP 2010Un peritaje con datos técnicos falsos avalúa la vivienda en US$ 1.091.620. El BCP se la adjudica por US$ 654.972, monto que debía pagar a tercero día de la adjudicación conforme al Art. 545 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, recién después de ocho años deposita la irrisoria suma de US$ 84.480,65, con la aprobación del juez.
Toca para ampliar · El avalúo falso, 2016Un juez declara la nulidad de obrados hasta 2007 por considerar defectuosa la demanda, y ordena presentar una liquidación correcta, el historial completo de pagos y precisar la cuota supuestamente impaga. El BCP apela y la nulidad es después dejada sin efecto por una sala civil.
Leer la Resolución 89/2023 →Tras la reversión de la nulidad, Marianella presenta una Acción de Amparo Constitucional y pide medidas cautelares. Hasta la fecha, el Tribunal Constitucional no se pronuncia resolviendo el amparo.
El 14 de noviembre de 2024 el banco deposita el monto de US$ 84.480,65 del remate. El 6 de junio de 2025 el juez emite la minuta de adjudicación del inmueble a favor del banco, y este lo inscribe en Derechos Reales sin haber pagado las deudas tributarias pendientes, que eran además motivo de embargo.
Debe quedar claro: por normativa municipal y fiscal, Derechos Reales no podía inscribir el derecho propietario a favor del banco si el inmueble registraba embargos y deudas de impuestos pendientes de pago.
Toca para ampliar · Depósito judicial, 2024Veinte años después, el conflicto sigue abierto. Marianella, de 72 años, enfrenta una orden de desapoderamiento de su vivienda, mientras permanecen pendientes varios recursos ordinarios y extraordinarios —apelaciones y amparos constitucionales en Sucre. Además, padece ceguera legal irreversible y un aneurisma de aorta abdominal calificado médicamente como de alto riesgo de ruptura.
Leer el mandamiento de desapoderamiento →
"Los documentos hablan. Explore las pruebas clave del fraude procesal"
Demanda ejecutiva — 11 de abril de 2007
2007 · La demanda sin cuota identificada · 3 pág.
Auto de intimación de pago 187/2007
2007 · El juzgado admite la demanda · 2 pág.
Historial de pagos 2002–2003
2002–2003 · Lo que el banco declaró · 1 pág.
Carta de la ASFI a Diego Cavero — 2010
2010 · La ASFI pide explicaciones · 2 pág.
Informe de auditoría interna del BCP — 2010
2010 · La confesión del «error operativo» · 6 pág.
Informe legal del BCP — 2010
2010 · Informe legal interno · 8 pág.
Documentos oficiales del expediente judicial y administrativo, en orden cronológico. Los datos personales sensibles (cédulas, cuentas, teléfonos y dirección exacta) han sido bloqueados de forma irreversible. En el avalúo pericial se omiten las páginas con fotografías del inmueble por seguridad de la propietaria. Ver aviso legal y derecho de réplica.
Dos cifras del mismo expediente
Valor según el peritaje judicial
$1.091.620
Avalúo pericial con datos técnicos falsos, del 29 de marzo de 2016.
Ver el avalúoLo que el banco depositó para adjudicársela
$84.480,65
Certificado de depósito judicial N.º 0090176, del 14 de noviembre de 2024. Debía pagar $654.972 a tercero día de la adjudicación (Art. 545 CPC); depósitó esta suma ocho años después.
Ver el certificadoLo depositado equivale al 7,7% de la cifra que fijó el propio peritaje judicial — el mismo peritaje que la Fiscalía imputó como falso.
Lo que dice el Ministerio Público
De este expediente civil nacieron varias causas penales. Estas son las resoluciones fiscales, con su número y fecha. Cada tarjeta enlaza al documento completo.
El juez de la causa
Imputado formalmente
La Fiscalía Especializada en Delitos Anticorrupción lo imputó por prevaricato e incumplimiento de deberes y solicitó medidas cautelares, entre ellas detención domiciliaria.
Resolución de imputación formal N.º 48/2025 · 19 de noviembre de 2025
Leer la resoluciónEjecutivos del banco
Acusados formalmente
Acusación fiscal por falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y estafa con agravación en caso de víctimas múltiples.
Resolución de acusación N.º 355/2016 · 14 de febrero de 2017
Leer la acusaciónEl abogado del banco
Imputado formalmente
Según la imputación fiscal, ingresó ilegalmente a la propiedad para elaborar un avalúo falso de 1,09 millones de dólares. Fue enviado a detención preventiva.
Resolución de imputación formal N.º 011/2017
Leer la resoluciónLa notaria
Imputada formalmente
Ampliación de imputación relacionada con el poder notarial utilizado para iniciar la demanda.
Ampliación de imputación N.º 36/2018
Leer la resoluciónPresunción de inocencia. Las personas mencionadas se encuentran imputadas o acusadas formalmente por el Ministerio Público. No existe sentencia condenatoria en su contra. Este portal reproduce únicamente el contenido de resoluciones fiscales públicas y no afirma culpabilidad alguna. Cualquiera de las personas citadas puede ejercer su derecho de réplica escribiendo al correo de contacto.
Un capítulo, un hecho documentado. La historia contada por Marianella, con las pruebas en la mano.
Marianella nunca fue al banco a pedir un crédito. El banco llegó a ella.
Una vida entera de trabajo, en juego por una deuda que no existía.
Pagó 48.750. El banco anotó 29.940. La diferencia, confesada ante la ASFI.
La serie continúa. Sigue los nuevos capítulos en TikTok y YouTube.
La entrevista completa
Marianella cuenta su caso en el programa Posdata, con Juan Carlos Arana. Es la conversación completa que dio origen a esta serie.
Fragmento cedido del programa Posdata, con Juan Carlos Arana. También disponible en nuestro canal de YouTube y en TikTok.
Marianella regresa al programa Posdata para ampliar su caso, con nuevas ilegalidades documentadas.
Publicado originalmente en la página de Facebook de Posdata.
Entrevista con Ramón Grimald, en radio. Versión alojada en este sitio.
Testimonios y grabaciones desclasificadas
Archivo 001-B: Grabación original
Agotadas las instancias, Marianella viajó ella misma a la capital constitucional. El Amparo lleva tres años esperando una simple admisión.
Ninguna de estas puertas se ha abierto todavía.
La verdad se construye sumando las partes. Si has sido víctima de retardo institucional, no estás solo.
Otras voces
Con mucho dolor, por la falta de justicia, la llevaron a una muerte civil. No tenemos institucionalidad jurídica. Nuestro apoyo y colaboración desinteresada. Que reciba bendiciones: existe un Ser Supremo que también la bendecirá, y saldrá de este injusto entuerto jurídico. Nuestro apoyo moral y lo necesario para usted, valiente mujer.
CONSULTORA JURÍDICA SALINAS Y ASOCIADOS · Cochabamba
Las personas que hemos vivido este actuar impositivo del BCP ante la justicia, ante los abogados e incluso ante los políticos de este país, nos lleva a preguntarnos por la falta de coherencia en el actuar de los operadores de justicia y por la escasa respuesta de las entidades llamadas a proteger a los ciudadanos. Se ha recurrido a la ASFI, a la Procuraduría, a comisiones de la Asamblea Legislativa y al Tribunal Constitucional, entre otras instancias. Fuerza, Marianella: tu integridad y la verdad que ostentas siempre serán la luz que te guíe.
C.P.. · La Paz
Apoyo absoluto para Marianella Cerball..
Fuad Salaues R. · Santa Cruz
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